El Gobierno decidió cerrar filas y defender en el Palacio de las Leyes el polémico mega decreto de necesidad y urgencia firmado por el Ejecutivo Nacional

El Gobierno decidió cerrar filas y defender en el Palacio de las Leyes el polémico megadecreto de necesidad y urgencia firmado por el Ejecutivo Nacional. Lo hará el martes próximo en la comisión bicameral, en donde tiene el número suficiente para emitir dictamen a favor de la medida.

Sin embargo, y ante la eventualidad de que la oposición reúna el número para derogarlo en ambas cámaras, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de un plan alternativo impulsar como proyectos de ley, a partir de marzo, los temas que generen mayor rechazo.

En ese sentido, ya hay canales de negociación abiertos con el Justicialismo no  para tratar de evitar que las críticas al DNU 27/2018 se conviertan en votos de rechazo en ambas cámaras. La estrategia oficialista fue decidida ayer en una reunión en la Casa Rosada de la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y los miembros de Cambiemos de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Por el Gobierno participaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y funcionarios de la Anses y de la cartera de Producción, coordinados por el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, quienes explicaron los alcances del decreto ómnibus firmado por el Presidente en los primeros días de enero.

La delegación parlamentaria estuvo integrada por los senadores Luis Naidenoff (UCR-Formosa), que presidirá la bicameral a partir del martes próximo, Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) y Pedro Braillard Poccard (Cambiemos-Corrientes), y los diputados macristas porteños Pablo Tonelli y Fernando Iglesias. También participó el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Nicolás Massot (Córdoba).

"Llegué con muchas dudas y salí tranquilo; el decreto es muy coherente", afirmó uno de los legisladores consultados por Política y Casa Rosada para dar una idea de la tónica del encuentro.

Entre los legisladores hubo coincidencia en destacar que los funcionarios se encargaron de explicar los alcances de las medidas, haciendo especial hincapié en la eliminación de trabas burocráticas. En ese sentido, defendieron con énfasis la necesidad de agilizar el avance de la concreción de obras públicas mediante el sistema de participación público-privada (PPP).

También justificaron la habilitación para embargar cuentas sueldo a partir de determinado monto (el equivalente a tres salarios promedio del titular de la cuenta) para facilitar el acceso al crédito en el sistema bancario.

El controvertido decreto de necesidad y urgencia tiene cerca de 400 fojas y modifica 19 leyes, seis decretos y dos decretos ley. Además, deroga 15 leyes, decretos y decretos ley y abroga otras tres normas. Sus disposiciones afectan a ocho ministerios, la Anses, el Banco Central y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

En ese sentido, y más allá de la coincidencia en su defensa, en el debate entre funcionarios del Gobierno y legisladores quedó en claro que hay algunas medidas que serán más difíciles de defender que otras.

El análisis puso en la lista de temas polémicos los cambios introducidos en regulaciones fitosanitarias, portuarias, de aviación civil y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Los funcionarios hicieron una enfática defensa de la habilitación al FGS para participar en el circuito financiero.

Temas conflictivos

No obstante, los cambios en el FGS que maneja la Anses, la posibilidad de embargar las cuentas sueldo y las modificaciones en las regulaciones del Senasa forman parte de la agenda del denominado plan B, que convertiría el megadecreto en una serie de proyectos de ley.

Que esto suceda dependerá de los cuestionamientos que realice la oposición al DNU en la reunión de la comisión bicameral del martes próximo, a las 15.30, en el Senado.

"Es probable que algunos temas se transformen en proyectos de ley. Hay que ver las objeciones puntuales del Bloque Justicialista, porque hasta ahora las críticas han sido generales", explicó a este Diario Política y Casa Rosada Congreso de la Nación los 365 días del año uno de los legisladores que participaron del encuentro de ayer.

También dependerá de la masa crítica que pueda reunir la oposición. En ese sentido, serán fundamentales las negociaciones que el oficialismo ya abrió con los bloques peronistas que responden a los gobernadores. Serán los caciques peronistas, en definitiva, quienes tengan la última palabra.

Como sea, el plan alternativo se pondría en marcha recién a partir del 1º de marzo próximo, luego de que Macri brinde ante la Asamblea Legislativa el tradicional discurso sobre el estado de la Nación de apertura de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

Mientras tanto, el horizonte del oficialismo está puesto en el próximo martes, cuando se constituirá la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Con la mitad de los 16 miembros (cinco diputados y tres senadores) que le responden, Cambiemos tendría asegurado el dictamen de mayoría por el voto de desempate de la presidencia, que recuperará este año.