Marcos Peña no explicó en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando dio su informe esta semana, el cuadro salarial que el Estado paga a los obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo hizo en una de las respuestas que envió al Congreso por escrito, en este caso ante una pregunta de la diputada de Martín Lousteau Carla Carrizo, dentro de los cientos de requisitorias que el jefe de Gabinete les responde a diputados y senadores antes de cada informe. Para quienes no conocen el procedimiento, fue fácil la confusión de pensar que Peña había revelado en el recinto a voz en cuello que un obispo diocesano cobra $46.800 mensuales y que eso se debe a la aplicación de la Ley 21.950 sancionada en marzo de 1979 que obliga al Estado a pagarles a los obispos el equivalente a 80% de la remuneración de un juez de primera instancia.
Ahora bien, ya sea por error de interpretación, por estrategia oficial a la hora de ventilar el dato o porque la prensa se equivocó, con el episodio de los obispos y Peña el Gobierno terminó anotándose otra página notable en la nueva agenda que lanzó este año, cuando avisó que habilitaría el debate sobre la despenalización del aborto, luego el propio Macri también con la discusión sobre la paridad salarial entre hombres y mujeres, y hasta la equiparación de licencias familiares.
No tuvo que hacer movimiento alguno la Jefatura de Gabinete para que el debate por el gasto del Estado para mantener a la Iglesia saltara a la primera fila.
Es lógico en un país donde los ciudadanos que pagan impuestos están esperando que en algún momento les baje la presión tributaria (tal como prometió Cambiemos en la campaña). Ni la imagen de Francisco hoy puede contra la idea de revisar todo criterio de distribución del gasto, aunque esto afecte a la Iglesia Católica y por más que los montos que están en juego no sean significativos.
El sinceramiento de Nicolás Massot da una buena explicación de esto. El diputado expuso que la clase media, media alta y la alta sostienen pagando altos impuestos el financiamiento de un sistema de seguridad social cada vez más amplio para que en las capas más necesitadas no explote una crisis mientras el macrismo trajina los cambios que debe hacer en la economía. La explicación es más que lógica y hasta elogiable, pero justifica que esas clases que sostienen el sistema con un altísimo costo impositivo hoy estén más quisquillosas que nunca a la hora de ver cómo se gasta ese esfuerzo.
Ni siquiera el clero podrá argumentar contra eso. En casi toda Europa, allí donde habita Francisco, sería imposible plantear un financiamiento de la religión de ese tipo. En Francia correría sangre si se quisiera violar la laicidad que es base del sistema.
Macri se anotó entonces otra joya a sus debates progresistas. Como haya sido, le costará al papado justificar el uso de impuestos argentinos para mantener a sus representantes en el país.
